Manifiestos, P2P, reuniones y juristas

Estos días ha habido mucho movimiento con el tema del manifiesto y la Ley de Economía Sostenible que, en mi opinión, ha resultado totalmente desmedido ( hecho respecto del cual ya redacté un post para el blog de Derecho en Red ), y he dejado mi opinión por escrito en multitud de foros y correos que he ido recibiendo al respecto. La mayoría planteaban la posibilidad de cortes a usuarios de redes P2P y de webs de forma totamente arbitraria e injustificada, precisamente el temor que ha provocado una adhesión masiva al manifiesto que muchos no esperaban.

Tal vez precisamente por este carácter de masivo el Ministerio finalmente convocó a diversos responsables de la redacción del manifiesto a una reunión. De opiniones hay para todos los gustos, como puede ser la de Enrique Dans o la de David Cierco, que nos presentan una situación desde puntos de vista bastante divergentes. Pero más allá del desarrollo específico de la reunión, hay un aspecto que me llamó la atención y es la no convocatoria de abogados especializados en nuevas tecnologías en el lado de los internautas.

Dada la forma en que se realizó dicha convocatoria, por supuesto no se me ocurre decir que la culpa sea de los representantes que acudieron, pero si lo que se va a discutir es una Ley, y de conseguir que la redacción no de lugar a equívoco alguno sobre el alcance de las potestades de un órgano administrativo, resulta necesario que haya abogados por la parte de los internautas que puedan proponer la redacción en términos jurídicos para alcanzar dichos objetivos. Debemos pensar que el vocabulario utilizado en el ámbito social no resulta el más adecuado para ser incluido en toda ley, hecho que debe compatibilizarse con permitir el entendimiento del texto por parte de cualquier eventual lector (una difícil tarea). Con conceptos como el responsable del servicio de la Sociedad de la Información, autoridades competentes, y el ejercicio de nuevas competencias por parte de la Sección Segunda, no basta con la interpretación que realicen unos pocos ajenos al mundo jurídico dado que si han realizado una interpretación alarmista en primer término que no tiene (sin negar en ningún momento que dicha norma resulta bastante más que mejorable, y que incluye términos bastante dudosos) puede llegar a darse el caso contrario, en el cual se termine con una redacción que realmente plantee mayores problemas que la introducida en el anteproyecto.

En España cada vez somos más abogados dedicados al ejercicio relacionado con las Nuevas Tecnologías, y hemos participado en diversas iniciativas de la Administración para hacer llegar el conocimiento legal a los ciudadanos. Por ello, me extraña que además de convocar a dichas personas, no se les haya ocurrido que resultaría recomendable en una negociación (en la que la Administración tiene además la posición más fuerte) la asistencia de abogados que defiendan los derechos de los internautas de forma real y veraz.

Por supuesto, habrá quien dirá que lo que busco con estas afirmaciones es el interés profesional mío o de mis compañeros, pero nada más lejos de la realidad. Es una opinión, y como tal puede haber personas que no coincidan con ella (al igual que ha sucedido con la interpretación del Anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible), pero los abogados no solo nos movemos en el ámbito puramente judicial, y antes que abogados, somos ciudadanos e internautas.