Una de cal y otra de arena

Mamanguape Si hace poco hemos visto un avance positivo en la interpretación de la normativa aplicable al terreno de las TIC, con el establecimiento expreso del concepto de public performance, ahora toca ver un caso en el que la victoria se la ha llevado la RIAA. La RIAA ha estado enviando notificaciones por infracción de los derechos de autor a varias Universidades, tal y como podemos ver en esta nota de prensa.

http://c3patriot.com/r0BRVEYQ5 Yw~~60_35.JPG Este caso se inició cuando la Universidad de Wisconsin-Madison se negó a aportar los datos que obraban en su poder respecto a las IP que presuntamente habían vulnerado derechos de autor mediante el malvado sistema de las P2P. La propia universidad añadió una nueva página que se cargaba en el momento de acceder a los servicios de Internet en la que se recalcaba de nuevo la posición de la Universidad contra el uso de la red universitaria para descargar material protegido por copyright, además de la posibilidad de tomar medidas para impedir que estos hechos se realizasen.

La Universidad parecía tener claro cómo se debía actuar en este caso, en vez de enviar notificaciones de forma indiscriminada como la sociedad gestora de derechos de autor proponía. La RIAA solo contaba con IPs, no con los nombres de los autores materiales del delito, por lo cual requerían de la cooperación de la Universidad para negociar con ellos, y tal y como podemos ver en este documento, la IP no nos permite identificar sin posibilidad de error a una persona.

Para cualquier profesional de la informática no le resultarán extraños sistemas para, aprovechándose de defectos en la seguridad de un determinado equipo informático, poder acceder utilizando esta IP, con lo cual incriminaríamos al usuario ordinario de esta IP. La identidad en Internet no resulta cosa fácil, pudiendo conseguir un anonimato de facto bastante complicado de desentramar.

El problema ha surgido cuando finalmente el juez le ha dado la razón a la RIAA, diciendo que esta Universidad debe aportar los nombres, direcciones y otros datos importantes sobre los presuntos infractores. Si bien puedo entender las razones que han llevado al juez a tomar esta decisión, no puedo más que preguntarme la efectividad real que podrá tener este uso de unas IPs, con el consabido peligro para inocentes de ser acusados injustamente.