Los procesos judiciales son a veces utilizados como medios de coacción por parte de determinados sectores, buscando que el peligro de ser encarcelados haga que los usuarios de redes P2P se replanteen el compartir películas. En el caso español, la Circular de la Fiscalía a este respecto, así como la aprobación de la nueva Directiva Europea sobre Propiedad Intelectual han establecido la necesidad de contar con un ánimo de lucro directo para poder criminalizar la conducta.
Por suerte, en España se cuenta con unos principios constitucionales claros, así como con el principio de intervención mínima del Derecho Penal que, pese a olvidarse en ocasiones, impide la aplicación indiscriminada en procesos judiciales de una protección que puede llegar a ser desmesurada.
El problema es cuando acudimos a otros países, como por ejemplo China. El régimen legal de este país es muy diferente al nuestro, y la preocupación por el gran número de delitos contra la Propiedad Intelectual (pese a ser tradicionalmente la cuna de gran número de copias ilegales) ha estado provocando un aumento en los procesos judiciales de este país. El motivo de este artículo es que Chan Nai-Ming ha perdido la última oportunidad de librarse de ser encarcelado. El Tribunal de Apelación ante el cual se estaba decidiendo el futuro de Chan Nai ha decidido, por voto unánime, desestimar su apelación ratificando la condena que estaba cumpliendo. De nada ha servido decir que Chan Nai lo que hacía era descargar las películas. El carácter y funcionamiento de las redes P2P (donde se comparte automáticamente lo que se va bajando) ha sido utilizado por el Tribunal para desestimar este hecho. A causa de esta decisión, Chan Nai deberá terminar de cumplir la pena de 3 meses de prisión a causa de haber compartido 3 películas mediante la red P2P Bittorrent.
Tam Yiu-Keung, Comisario de Aduanas y Consumo, está contento con esta decisión, y ha expresado su opinión sobre las consecuencias de esta decisión en las actividades ilegales que se realizan a través de Internet.
Resulta curioso como en esta ocasión se intenta dar un carácter de global a una sentencia que no ha hecho más que aplicar (y en forma bastante cuestionable) el ordenamiento de un determinado país. En mi opinión, el pensar que los piratas se van a sentir amenazados ante esta sentencia, más cuando esto ha sucedido en un país lejano, resulta bastante inocente.
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