Hoy se ha materializado el cierre anunciado por Google de su servicio Google News. Un cierre que desde la propia compañía se ha justificado en la aprobación del Canon AEDE o «Tasa Google», respecto del cual ya planteé una serie de dudas en un post anterior así como en una Tribuna de El Mundo.
A causa de los múltiples mensajes que me han llegado, y dado que el post lo redacté rápido con lo cual se quedaron cosas en el tintero, quería realizar una serie de aclaraciones.
No trabajo para AEDE ni ninguno de sus medios, ni recibo cobro alguno desde ellos
Tal vez a causa del titular de la Tribuna y de su extensión, mucha gente se quedó con una interpretación contraria a lo que quería decir. En ningún momento he defendido a AEDE, ni a sus portavoces, ni al legislador que ha redactado la Ley, ni a la modificación de la Ley en sí. De hecho, repito reiteradas veces que la norma es torticera y una chapuza, siendo precisamente una de las cosas que critico que ni siquiera sirve para lo que quieren.
Efectivamente, es fácil interpretar cuando no se es uno de los afectados
Un abogado debe ser capaz de interpretar las normas para presentar su criterio a su cliente. Está claro que la decisión final dependerá de éste, y el abogado simplemente mostrará las mejores opciones, e intentará que queden claras las consecuencias de cada una de ellas. Las conclusiones a las que llegué puede que no coincidan con las de otros compañeros de profesión, o incluso con el abogado que siempre ha asesorado a una empresa concreta.
Yo en estos casos siempre he apoyado que se siga el criterio de su abogado. Difícilmente además podrá llevarse a cabo la defensa de un servicio si su titular no confía en el criterio de su abogado.
La norma ha sido fruto de la presión de AEDE, sin duda
Una compensación como ésta no ha surgido unilateralmente de los cargos políticos, y queda más claro que ha habido presiones cuando observamos los términos de irrenunciabilidad y de obligación de gestión colectiva. Está claro que querían cobrar por unos servicios y que finalmente se han llevado un tiro en el pie.
Google ha actuado de la forma más beneficiosa para ellos, una decisión empresarial más que adecuada
En mi post indicaba que, en principio, no se podría cobrar compensación alguna por la labor llevada a cabo por agregadores. Dicha interpretación se basa en criterios estrictamente jurídicos, pero no implica que el simple hecho de no hacer nada sea la opción más beneficiosa. Recordemos que en este cierre
– El bloque de noticias sigue apareciendo en los resultados, destacando así a los medios que aparecían antes en Google News
– La pestaña de Noticias también se mantiene
Por lo tanto, han dado un puñetazo en la mesa demostrando su fuerza, con consecuencias mínimas para sus servicios que ahora quedan protegidos por la exención de responsabilidad para buscadores, y han dejado claro que están dispuestos a actuar. Seguramente, si me encontrara en la misma posición, mi recomendación habría sido similar, sobretodo teniendo en cuenta la naturaleza del servicio de Google News y su peso en España. Si supusiera un gran peso en mi cifra de negocio, seguro que mi análisis riesgo/beneficio llegaría a conclusiones distintas. Si ha cerrado ahora ha sido precisamente para que la repercusión fuera incluso mayor, aprovechándose de que el legislador español y AEDE se lo han puesto en bandeja de plata. Simplemente, ha ocurrido lo esperable y que se han buscado ellos mismos.
Por otro lado, esto puede beneficiar al resto de agregadores, que no podrían hacer frente a procesos judiciales largos y costosos como sí podría soportar Google. Antes de la reclamación de cantidad alguna, el Gobierno y AEDE ya se han encontrado en una posición complicada frente a la opinión social.
Mi conclusión aquí sería pues que con un cierre más simbólico que real ha obtenido una gran repercusión de los medios nacionales e internacionales.
Y qué quería decir con el post?
Pues que no pueden cobrar a agregadores con la Ley que han aprobado. Google dice que sí seguramente por los motivos que he mencionado en el apartado anterior, reafirmando así su papel de afectado. Gobierno y AEDE son partes interesadas. Un abogado debe ir directamente a la norma y ver si el objeto realmente se da o no, y a mi juicio no se da.
Lo que tengo claro es que los que decidan quedarse casi seguro tendrán que acudir a los tribunales para defender que no se les puede cobrar, pero habrá que ver lo que nos depara el futuro.
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